En Estados Unidos, protestar contra Israel puede llevarte a prisión mientras una denuncia de violación termina sin arrestos

Una exestudiante de Cornell University demandó a la institución y a siete exalumnos por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2024. Según la demanda, la joven fue drogada y violada por los siete hombres. Tras la investigación interna de la universidad, dos fueron expulsados y otros recibieron sanciones disciplinarias; sin embargo, no se presentaron cargos penales contra ellos. La fiscalía del condado de Tompkins señaló que no encontró pruebas suficientes para proceder penalmente en ese momento.
El contraste ha generado cuestionamientos sobre la manera en que las instituciones estadounidenses responden a distintas formas de conflicto. Mientras este caso terminó sin arrestos, 17 estudiantes propalestinos fueron detenidos o arrestados en Cornell en marzo de 2025 durante una protesta relacionada con Gaza. Para sus críticos, la diferencia entre ambas respuestas plantea una pregunta incómoda: ¿qué tan rápido actúan las instituciones cuando se trata de controlar una protesta política y qué ocurre cuando una estudiante denuncia violencia sexual?
Más allá de las acusaciones particulares, ambos episodios abren un debate sobre poder, justicia y libertad de protesta dentro de las universidades estadounidenses. La demanda contra Cornell tendrá que resolverse en tribunales, pero el contraste entre la respuesta disciplinaria ante una denuncia de violencia sexual y la intervención policial frente a manifestaciones propalestinas ya forma parte de la discusión sobre los límites y prioridades de las instituciones universitarias.