La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene facultades para atender reclamaciones relacionadas con la prestación de servicios educativos particulares. La resolución deriva de un caso en el que un padre de familia solicitó el reembolso de diversos pagos realizados a una institución privada. El máximo tribunal concluyó que entre los usuarios y las escuelas particulares existe una relación de consumo, debido a que el servicio educativo se ofrece de manera habitual a cambio de una contraprestación económica. Por ello, consideró que la Profeco puede intervenir cuando surjan controversias vinculadas con aspectos contractuales o económicos. La Corte también precisó que la supervisión académica corresponde a las autoridades educativas, mientras que la protección de los derechos de los consumidores recae en la Procuraduría. Con esta decisión se refuerzan los mecanismos de atención para quienes contratan servicios educativos privados. Post navigation Morena abre convocatoria para fortalecer la organización territorial en 16 estados del país Morena refuerza reglas contra nepotismo e influyentismo para definir liderazgos estatales